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Este verano, por iniciativa conjunta de los Ministerios de Igualdad, Interior y Justicia se han puesto a disposición de los Juzgados españoles 3.000 dispositivos GPS para controlar a los maltratadores.

Estos dispositivos son dobles y consisten: por un lado en un brazalete que llevará el agresor con orden de alejamiento y que por especiales cisrcuntancias de peligrosidad, el juez decida que deberá llevarlo y, por otro lado,  un colgante que llevará la víctima y que le avisará si el agresor se encuentra a la suficiente proximidad de ella como para incumplir la orden de protección. A su vez, el dispositivo avisará a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para que se personen inmediatamente en el lugar donde se está cometiendo la infracción, pero no sólo en los casos en que el agresor se acerque a la víctima, sino también cuando se acerque a los lugares donde le está prohibido (domicilio de  la víctima, ugar de trabajo de ésta, colegio de sus hijos…) o cuando no acuda donde tiene obligación de asistir (terapias, centros de día…).

La pulsera tiene una batería con autonomía para unos seis meses, y cuando quedan unos días para que ésta termine, también dispone de un mecanismo que avisa para su sustitución o recarga.

A pesar de lo novedoso del aparato, y de que se creó con la convicción de que serían necesarias muchas más unidades de las 3.000 que en un principio se crearon, tras algo más de un mes desde su entrada en vigor, los jueces sólo han considerado necesaria su utilización en siete ocasiones.

Se ha creado también un Registro Central para la Protección de Víctimas de la Violencia Doméstica que incluye datos tanto de agresores como de víctimas. Su objetivo es dar acceso a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Jueces y Fiscales a los procedimientos abiertos sobre casos de violencia doméstica. Su acceso es muy restringido y la base de datos aún está incompleta.

Mediante Real Decreto-Ley 3/2009 de 27 de marzo de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal y ante la evolución de la crisis económica mundial, se han modificado varias normas relacionadas con el sector tributario, financiero y, sobre todo, concursal.

Para fortalecer la competitividad de nuestro modelo productivo, ante la crisis, que ha puesto de manifiesto la inadecuación de algunos de los preceptos de la Ley Concursal y con los objetivos de agilización del procedimiento concursal, abaratamiento  de los costes que éste supone, eficiencia en los resultados, incentivación a las empresas para que se acojan al concurso con la eliminación de trámites procesales innecesarios ,se han modificado, entre otros:

- La publicidad del concurso: Se crea un Registro Público Concursal con el objetivo de dar publicidad y difusión pública, a través de un portal gratuito en internet, bajo la responsabilidad del Ministerio de Justicia, de todas las  resoluciones concursales que deban ser publicadas según la Ley Concursal, las que deban serlo en el Registro Mercantil y de las resoluciones que declaren concursados culpables y acuerden la designación o inhabilitación de los administradores concursales. La estructura y sistema de registro se desarrollará reglamentariamente.

- La Administración Concursal: Su retribución vendrá marcada por un arancel aprobado por Reglamento y dependerá de la cuantía del activo y del pasivo, del tipo deprocedimiento (ordinario o abreviado)  y de la compejidad del concurso.

Para paliar la crisis se han  reformado también los Colegios Profesionales, pretendiendo la liberalización del ejercicio de las diversas profesiones (con la supresión de las restricciones a la publicidad de los profesionales, la eliminación de la prerrogativa colegial de fijar baremos orientativos de precios y la obligación de que la cuota de inscripción  se ajuste exclusivamente  a los gastos que supone el ingreso) y el Consorcio de Compensaciñon de Seguros, que reasegurará operaciones de crédito.

El Ministerio de Justicia se reunió ayer con las Asociaciones que representan a la mitad de los Jueces españoles. Fernández  Bermejo ofreció veinte millones de euros más para inversión tecnológica,  (los aprobados previamente eran setenta y dos millones), sin embargo se mantienen la protesta del día 18 de febrero y la huelga del 26 de junio debido a su petición de conservar la competencia para el señalamiento de las vistas. El Ministro argumentó que esta cuestión no depende del Gobierno, sino del Parlamento, donde las Asociaciones podrán exponer sus reivindicaciones, ya que éstas serán citadas a solicitud del grupo socialista.

Por otro lado, ambas partes acercaron posturas respecto a la supresión de traslados forzosos por ascensos de los jueces y a  la implementación en todo el territorio nacional del sistema Lexnet para finales de año.

Están previstas nuevas reuniones para antes del 18 de febrero, aunque el Ministro no ha considerado a interlocutores legítimos a aquéllos que tienen convocada la protesta de éste día.

Los jueces de 16 ciudades españolas están dispuestos a ir a la Huelga el 18 de febrero en contra de la opinión del Ministerio de Justicia, del Consejo General del Poder Judicial, de los Fiscales y de la mayoría de las Asociaciones de Juces, las cuales proponían como fecha para la Huelga el 26 de junio para dar tiempo al Gobierno a poner en práctica sus promesas.

Las reivindicaciones de la judicatura se basan esencialemente en mayor remuneración, la creación de 1.200 plazas más de Jueces en un período de 5 años para equipararlo a la media europea y la competencia para el señalamiento de los juicios que, el Gobierno, quiere atribuir a los Secretarios Judiciales.

Por su parte, la mayoría de la Fiscalía opina que todas esas reivindicaciones son apoyadas por la mayoría del colectivo dedicado a la Administración de Justicia y que los Jueces se las están atribuyendo en exclusiva, además no apoyan la huelga por inoportuna y prematura, también quieren dejar un márgen de tiempo al Gobierno para que pueda cumplir lo acordado.

En medio de esta coyuntura subyace la polémica del Derecho a la Huelga de los Jueces y Magistrados, pues éste estaría en colisión directa con el Derecho a la Tutela Judicial Efectiva de todos los ciudadanos. En principio, no hay norma legal que ampare dicha huelga. ¿Pensaís que éstos pueden realizarla como cualquier perona? ¿O que en ningún caso es aceptable el desamparo en que pondrían a los ciudadanos?.

Existiría una tercera opción, que, a mi entender, puede ser más apropiada, sería instar la creación de una ley que regule el Derecho a la Huelga de los Jueces y Magistrados, o bien la modificación de la ya existente para incluírlos pero con especiales característeicas , ya que se trata de un caso que reviste gran especialidad.

El debate está servido.