LópezAbogados

Las novedades fiscales más relavantes para este año 2009 son:

IRPF:

- Mantenimiento de la deducción de 400 € anuales en la cuota con la posibilidad de realizarla anticipadamente minorando las retenciones.

- Posibilidad de rebajar las retenciones en dos puntos porcentuales para los contribuyentes con rendimientos de trabajo inferiores a 33.007,20€ y que destinen cantidades a la adquisición o rehabilitación de su vivienda habitual con financiación ajena por la que tenga derecho a deducción por inversión en vivienda habitual.

Impuesto sobre el Patrimonio:

- Eliminado con efectos desde el 1 de enero de 2008.

IVA:

- Eliminación, como sujeto pasivo, de las entidades que no realizan actividades económicas o están inactivas, aunque sean sociedades mercantiles.

- Nuevo sistema de devulución mensual, previa inscripción en el registro de devolución mensual en el mes de noviembre del año anterior a aquél en que deba surtir efectos.

- Reducción de la base imponible en los casos en que se emite una factura y no se ha cobrado por completo.

Impuesto sobre Sociedades:

- Libertad de amortización con mantenimiento de empleo sobre las inversiones en nuevos elementos de inmovilizado material e inmobiliarias afectos a actividades económicas.

- Deducción por investigación, desarrollo e innovación tecnológica en cualquier país de la UE y del EEE.

“Donde hay educación no hay distinción de clases”

La compravente de viviendas ha frenado en seco, la oferta es amplísima y la demanda pácticamente inexistente debido a la dificultad, por no decir imposibilidad, de obtener un préstamo hipotecario. Para paliar la caída en las ventas, el Gobierno planea reducir el tipo del IVA de un 16% a un 7% en los alquileres con opción a compra, para equiparar los tipos a la compraventa.

El Ministro de Economía pretende que la medida se lleve a cabo en tres meses, para impulsar este tipo de adquisiciones  de vivienda en las cuales la financiación deja de ser bancaria y se daría por parte del promotor, ya que el contrato de alquiler con opción a compra es un alquiler en el cual, al cabo de un período de timpo, generalmente tres o cinco años, el arrendatario puede optar por comprar o no la vivienda y una parte, previamente pactada, de las cantidades abonadas en concepto de alquileres, se capitalizarían como parte del precio ya pagada.

Actualmente son dos los obstáculos más importantes que se encuantran para que este tipo de contrato sea mayoritario, sobre todo con la caída del sistema financiero. Una es la tributaria, como hemos dicho durante el alquiler, el arrendatario que goza de opción a compra ha de pagar el 16% de IVA, mientras que el resto de alquileres están exentos y la compraventa se encuentra con un tipo del 7%, lo que produce un considerable encarecimiento de este tipo de alquileres. Y por otro lado, existe un obstáculo para los promotores, éstos, que en muchos casos construyen gracias a la financiación con créditos hipotecarios, pueden encontrarse con que, tras tres años, un inquilino no opte por la compra, pero éste tiene derecho a permanecer en la vivienda durante dos años más, lo que hará que el arrendador tenga que devolver el préstamo hipotecario sin haber recibido el precio de la vivienda, y en muchos casos, será el promotor el que no pueda hacer frente a este pago. Para solucionar este problema se ha abierto una nueva línea ICO dotada con 3.000 millones de euros para que los promotores puedan ponen en alquiler las viviendas que están en venta con un menor riesgo financiero; el importe del crédito ICO habrá de destinarse al pago de los créditos de los promotores y cubrirá como máximo el 50% del préstamo hipotecario.

La Ley de Extranjería se encuentra en proceso de renovación y, aunque aún no ha sido elevada a Cortes, podemos comenzar a perfilar los cambios, que van a ser abundantes, pues se planea reformar más de cincuenta artículos.

La reforma afecta a tres puntos básicos de la política de inmigración: lucha contra el tráfico de personas (con la tipificación de nuevos delitos y el endurecimiento de las penas), relación con el mercado laboral ( los derechos de los extranjeros irán aumentando con la duración de su residencia en España) y la integración en este país (Con un fondo para financiar las iniciativas provenientes de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos).

Entre las novedades hay que destacar:

- En lo relativo a la reagrupación familiar, los extranjeros con la segunda autorización de residencia (un año) podrán reagrupar  a su cónyuge o pareja de hecho y a los hijos de ambos menores de 18 años, pero para reagrupar a sus ascencientes, deberán tener un permiso de residencia de larga duración (residencia permanente hasta ahora, cianco años) y que esos ascendientes sean mayores de 65 años. Además, los hijos mayores de 16 años y los cónyuges o parejas de hecho reagrupados obtendrán automáticamente permiso de trabajo.

- En lo concerniente al polémico período de retención, éste se amplía a sesenta días prorrogables excepcionalmente por otros diez, en vez de los cuarenta que venía contemplando la ley. (Se justifica, según el Gobierno, por la complejidad en las repatriaciones), este internamiento seguirá siendo bajo autorización judicial. Se autorizará a las ONGs para que entren en los CIES previa solicitud del extranjero.

- Las sanciones económicas se aumentan en todos sus rangos. La sanción de expulsión de diez años se reduce a la mitad y se ofrecerá un período de entre siete y treinta días para que abandonen voluntariamente el país los inmigrantes sin riesgo de fuga.

- Para solventar el problema de explotación laboral, los empresarios que contraten a trabajadores ilegales, además de pagar las correspondientes multas, abonarán los gastos de repatriación. También será sancionada la simulación de una relación laboral para obtener un permiso de trabajo.

- Los matrimonios de conveniencia para regularizar a un extranjero ilegal o con ánimo de lucro serán expresamente sancionados.

_Muy importante es la reforma en el derecho a la educación, ya que se le garantiza a todos los extranjeros hasta los 18 años, sean legales o no.

- Se reitegran los derechos de reunión, asociación, sindicación, huelga y manifestación para los extranjeros ilegales, de los cuales fueron privados con el anterior gobierno del Partido Popular, sin embargo fueron restituidos por varias sentencias del Tribunal Constitucional a petición del grupo parlamentario socialista y de varias Comunidades Autónomas.

“Una buena Constitución es infinitamente mejor que el mejor déspota”

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha revelado en un informe presentado a las Cortes, las prácticas flagrantemente abusivas que se cometen en algunos centros de protección de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social. Estos actos comprenden el aislamiento y maniatamiento durante una semana impidiéndoles salir de su habitación o acudir al centro escolar, amén de restringirle considerablemente las visitas de sus familiares.

Las Instituciones de menores denominan las mencionadas medidas como “medidas educativas creativas” o “medidas correctoras” entre las cuales se encuentran contenciones físicas, contenciones mecánicas y medidas de aislamiento, así como tratamiento farmacológico desproporcionado a los menores en casos de grave alteración. Si bien, las medidas citadas son legales siempre que se realicen de forma muy limitada y con las debidas garantías, el informe manifiesta el uso de éstas con una agresividad desproporcionada y varias veces al día, de modo que se pueden causar graves lesiones a los menores.

El Defensor del Pueblo reclama controles periódicos por parte de la Fiscalía y de las Administraciones competentes, una regulación específica para los menores con trastornos de conducta, adecuación de las infraestructuras de los centros y mayor especialización de los trabajadores de dichos centros.

El Ministerio de Justicia se reunió ayer con las Asociaciones que representan a la mitad de los Jueces españoles. Fernández  Bermejo ofreció veinte millones de euros más para inversión tecnológica,  (los aprobados previamente eran setenta y dos millones), sin embargo se mantienen la protesta del día 18 de febrero y la huelga del 26 de junio debido a su petición de conservar la competencia para el señalamiento de las vistas. El Ministro argumentó que esta cuestión no depende del Gobierno, sino del Parlamento, donde las Asociaciones podrán exponer sus reivindicaciones, ya que éstas serán citadas a solicitud del grupo socialista.

Por otro lado, ambas partes acercaron posturas respecto a la supresión de traslados forzosos por ascensos de los jueces y a  la implementación en todo el territorio nacional del sistema Lexnet para finales de año.

Están previstas nuevas reuniones para antes del 18 de febrero, aunque el Ministro no ha considerado a interlocutores legítimos a aquéllos que tienen convocada la protesta de éste día.

Los jueces de 16 ciudades españolas están dispuestos a ir a la Huelga el 18 de febrero en contra de la opinión del Ministerio de Justicia, del Consejo General del Poder Judicial, de los Fiscales y de la mayoría de las Asociaciones de Juces, las cuales proponían como fecha para la Huelga el 26 de junio para dar tiempo al Gobierno a poner en práctica sus promesas.

Las reivindicaciones de la judicatura se basan esencialemente en mayor remuneración, la creación de 1.200 plazas más de Jueces en un período de 5 años para equipararlo a la media europea y la competencia para el señalamiento de los juicios que, el Gobierno, quiere atribuir a los Secretarios Judiciales.

Por su parte, la mayoría de la Fiscalía opina que todas esas reivindicaciones son apoyadas por la mayoría del colectivo dedicado a la Administración de Justicia y que los Jueces se las están atribuyendo en exclusiva, además no apoyan la huelga por inoportuna y prematura, también quieren dejar un márgen de tiempo al Gobierno para que pueda cumplir lo acordado.

En medio de esta coyuntura subyace la polémica del Derecho a la Huelga de los Jueces y Magistrados, pues éste estaría en colisión directa con el Derecho a la Tutela Judicial Efectiva de todos los ciudadanos. En principio, no hay norma legal que ampare dicha huelga. ¿Pensaís que éstos pueden realizarla como cualquier perona? ¿O que en ningún caso es aceptable el desamparo en que pondrían a los ciudadanos?.

Existiría una tercera opción, que, a mi entender, puede ser más apropiada, sería instar la creación de una ley que regule el Derecho a la Huelga de los Jueces y Magistrados, o bien la modificación de la ya existente para incluírlos pero con especiales característeicas , ya que se trata de un caso que reviste gran especialidad.

El debate está servido.

El Gobierno otorgará reconocimiento oficial a la experiencia laboral mediante la obtención de titulaciones específicas de Formación Profesional.

Este proyecto, que se llevará a cabo mediante Real Decreto, permitirá a un trabajador, sin titualción oficial, obtener un título homologado con las exigencias de la Unión Europea siempre que sea mayor de 21 años, acredite una experiencia laboral superior a tres años en los últimos diez y apruebe un exámen práctico evaluado por expertos en la materia correspondiente.

Se incluyen en el futuro Real Decreto propuestas de incentivo a la formación para que los trabajadores puedan completarla y ampliarla mediante cursos a distancia.

En estos momentos y durante lo que queda de curso se está abordando el diálogo y negociación con las Comunidades Autónomas, sindicatos y empresarios, para que el proyesto entre en vigor para el próximo curso 2009/2010.

“En esta vida hay que morir varias veces para después renacer. Y las crisis, aunque atemorizan, nos sirven para cancelar una época e inaugurar otra.”