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Las nuevas medidas para fomentar el empleo y mejorar la protección social de los parados son:

- Bonificaciones en la cuota de la Seguridad Social para empresas que contraten desempleados, a cuenta de la prestación pendiente de recibir por su parte y con un límite de cuota de tres años.

- Se está estudiando no compensar la indemnización por ERE definitivo de los cobros recibidos  por desempleo si previamente el parado pasó por ERE temporal hasta el límite de cuatro meses.

- Se incrementará hasta el 80 % el porcentaje de capitalización del pago de la prestación por desempleo para jóvfenes de hasta 30 años y mujeres hasta 35 que se destine para financiar la inversión.

- Se introducirá una bonificación del 50% en la cuota empresarial a la Seguridad Social para los autónomos que contraten indefinidamente a su primer trabajador asalariado, siempre y cuando no pueda acogerse a la bonificación total por contratación de desempleados.

- Se ajustarán algunos epígrafes o límites de los módulos de cotización a la Seguridad Social.

- Se implantarán fórmulas para paliar el efecto que causa en los trabajadores autónomos el pago adelantado del IVA.

- Se evaluará el impacto del plan de Inversión Local de 8.000 millones de euros.

El expresidente peruano, Alberto Fujimori, ha sido, recientemente, condenado, por la Corte Suprema peruana, a 25 años de prisión como autor mediato del asesinato de 25 personas y el secuestro de otras 2, estos delitos han sido considerados crímenes de lesa humanidad, por lo que, aunque su condena puede verse reducida a la mitad debido a los beneficios penitenciarios, nunca podría acogerse a ningún tipo de  derecho a amnistía o indulto. Además Fujimori tiene otras causas pendientes con la justicia, como el pago de una indemnización ilegal a su asesor de espionaje por valor de 15 millones de dólares. El condenado ha interpuesto recurso de nulidad contra la sentencia de más de 700 folios que le condena.

Sin duda nos encontramos con una sentencia histórica, pues es la primera vez que en Trubunal de un estado condena a su presidente por este tipo de delitos, lo que supone un gran paso para el arraigo del Estado de Derecho y de la defensa de los Derechos Humanos en Suramérica.

Mediante Real Decreto-Ley 3/2009 de 27 de marzo de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal y ante la evolución de la crisis económica mundial, se han modificado varias normas relacionadas con el sector tributario, financiero y, sobre todo, concursal.

Para fortalecer la competitividad de nuestro modelo productivo, ante la crisis, que ha puesto de manifiesto la inadecuación de algunos de los preceptos de la Ley Concursal y con los objetivos de agilización del procedimiento concursal, abaratamiento  de los costes que éste supone, eficiencia en los resultados, incentivación a las empresas para que se acojan al concurso con la eliminación de trámites procesales innecesarios ,se han modificado, entre otros:

- La publicidad del concurso: Se crea un Registro Público Concursal con el objetivo de dar publicidad y difusión pública, a través de un portal gratuito en internet, bajo la responsabilidad del Ministerio de Justicia, de todas las  resoluciones concursales que deban ser publicadas según la Ley Concursal, las que deban serlo en el Registro Mercantil y de las resoluciones que declaren concursados culpables y acuerden la designación o inhabilitación de los administradores concursales. La estructura y sistema de registro se desarrollará reglamentariamente.

- La Administración Concursal: Su retribución vendrá marcada por un arancel aprobado por Reglamento y dependerá de la cuantía del activo y del pasivo, del tipo deprocedimiento (ordinario o abreviado)  y de la compejidad del concurso.

Para paliar la crisis se han  reformado también los Colegios Profesionales, pretendiendo la liberalización del ejercicio de las diversas profesiones (con la supresión de las restricciones a la publicidad de los profesionales, la eliminación de la prerrogativa colegial de fijar baremos orientativos de precios y la obligación de que la cuota de inscripción  se ajuste exclusivamente  a los gastos que supone el ingreso) y el Consorcio de Compensaciñon de Seguros, que reasegurará operaciones de crédito.

La compravente de viviendas ha frenado en seco, la oferta es amplísima y la demanda pácticamente inexistente debido a la dificultad, por no decir imposibilidad, de obtener un préstamo hipotecario. Para paliar la caída en las ventas, el Gobierno planea reducir el tipo del IVA de un 16% a un 7% en los alquileres con opción a compra, para equiparar los tipos a la compraventa.

El Ministro de Economía pretende que la medida se lleve a cabo en tres meses, para impulsar este tipo de adquisiciones  de vivienda en las cuales la financiación deja de ser bancaria y se daría por parte del promotor, ya que el contrato de alquiler con opción a compra es un alquiler en el cual, al cabo de un período de timpo, generalmente tres o cinco años, el arrendatario puede optar por comprar o no la vivienda y una parte, previamente pactada, de las cantidades abonadas en concepto de alquileres, se capitalizarían como parte del precio ya pagada.

Actualmente son dos los obstáculos más importantes que se encuantran para que este tipo de contrato sea mayoritario, sobre todo con la caída del sistema financiero. Una es la tributaria, como hemos dicho durante el alquiler, el arrendatario que goza de opción a compra ha de pagar el 16% de IVA, mientras que el resto de alquileres están exentos y la compraventa se encuentra con un tipo del 7%, lo que produce un considerable encarecimiento de este tipo de alquileres. Y por otro lado, existe un obstáculo para los promotores, éstos, que en muchos casos construyen gracias a la financiación con créditos hipotecarios, pueden encontrarse con que, tras tres años, un inquilino no opte por la compra, pero éste tiene derecho a permanecer en la vivienda durante dos años más, lo que hará que el arrendador tenga que devolver el préstamo hipotecario sin haber recibido el precio de la vivienda, y en muchos casos, será el promotor el que no pueda hacer frente a este pago. Para solucionar este problema se ha abierto una nueva línea ICO dotada con 3.000 millones de euros para que los promotores puedan ponen en alquiler las viviendas que están en venta con un menor riesgo financiero; el importe del crédito ICO habrá de destinarse al pago de los créditos de los promotores y cubrirá como máximo el 50% del préstamo hipotecario.

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha revelado en un informe presentado a las Cortes, las prácticas flagrantemente abusivas que se cometen en algunos centros de protección de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social. Estos actos comprenden el aislamiento y maniatamiento durante una semana impidiéndoles salir de su habitación o acudir al centro escolar, amén de restringirle considerablemente las visitas de sus familiares.

Las Instituciones de menores denominan las mencionadas medidas como “medidas educativas creativas” o “medidas correctoras” entre las cuales se encuentran contenciones físicas, contenciones mecánicas y medidas de aislamiento, así como tratamiento farmacológico desproporcionado a los menores en casos de grave alteración. Si bien, las medidas citadas son legales siempre que se realicen de forma muy limitada y con las debidas garantías, el informe manifiesta el uso de éstas con una agresividad desproporcionada y varias veces al día, de modo que se pueden causar graves lesiones a los menores.

El Defensor del Pueblo reclama controles periódicos por parte de la Fiscalía y de las Administraciones competentes, una regulación específica para los menores con trastornos de conducta, adecuación de las infraestructuras de los centros y mayor especialización de los trabajadores de dichos centros.

El Ministerio de Justicia se reunió ayer con las Asociaciones que representan a la mitad de los Jueces españoles. Fernández  Bermejo ofreció veinte millones de euros más para inversión tecnológica,  (los aprobados previamente eran setenta y dos millones), sin embargo se mantienen la protesta del día 18 de febrero y la huelga del 26 de junio debido a su petición de conservar la competencia para el señalamiento de las vistas. El Ministro argumentó que esta cuestión no depende del Gobierno, sino del Parlamento, donde las Asociaciones podrán exponer sus reivindicaciones, ya que éstas serán citadas a solicitud del grupo socialista.

Por otro lado, ambas partes acercaron posturas respecto a la supresión de traslados forzosos por ascensos de los jueces y a  la implementación en todo el territorio nacional del sistema Lexnet para finales de año.

Están previstas nuevas reuniones para antes del 18 de febrero, aunque el Ministro no ha considerado a interlocutores legítimos a aquéllos que tienen convocada la protesta de éste día.

El Gobierno otorgará reconocimiento oficial a la experiencia laboral mediante la obtención de titulaciones específicas de Formación Profesional.

Este proyecto, que se llevará a cabo mediante Real Decreto, permitirá a un trabajador, sin titualción oficial, obtener un título homologado con las exigencias de la Unión Europea siempre que sea mayor de 21 años, acredite una experiencia laboral superior a tres años en los últimos diez y apruebe un exámen práctico evaluado por expertos en la materia correspondiente.

Se incluyen en el futuro Real Decreto propuestas de incentivo a la formación para que los trabajadores puedan completarla y ampliarla mediante cursos a distancia.

En estos momentos y durante lo que queda de curso se está abordando el diálogo y negociación con las Comunidades Autónomas, sindicatos y empresarios, para que el proyesto entre en vigor para el próximo curso 2009/2010.

Los próximos 20 de noviembre y 11 de diciembre el Fondo de Adquisición de Activos Financieros realizará sendas subastas destinadas a la compra de títulos hipotecarios por parte de las entidades financieras. Esta medida de inyección de liquidez , según la Ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, se hizo con el objetivo de que se transmita el crédito a las pequeñas y medianas empresas y a las familias, por lo que, el Gobierno exigirá,  a paertír de la última subasta, que será en diciembre,  que la Banca facilite los créditos.

Cuendo está muy próxima la votación en el Parlamento Europeo acerca de la Directiva Comunitaria que pretende ampliar la jornada laboral a 65 o 70 horas semanales, el Ministro de Trabajo, Celestino Corbacho anuncia que el Gobierno español liderará la ofensiva contra la aprobación de dicha directiva, y que, no sólo votará en contra, sino que ya se está movilizando para conseguir más apoyos en Europa al conocer la opinión de la inmensa mayoría de los españoles. De moento parece que está ampliación podría sair adelante, sin embargo España y Grecia ya votaron en contra en la reunión del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores en la que se abstuvieron de votar Malta, Chipre, Hungría,  Bélgica y Portugal.

El Gobierno español además, anuncia que, de aprobarse esta directiva, en el primer trimestre de 2010, que asumirá la presidencia en Europa, trabajará para tratar de revertir tal situación.

El Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación para la unificación de la doctrina interpuesto contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña recaída en recurso de suplicación contra una sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Tarragona. Se trataba de una bailarina que trabajaba en los espectáculos de un parque temático. El TS ha considerado su contrato de carácter temporal pactado por un tiempo cierto y que, por consiguiente, no hay despido.

Según el TS la figura del trabajador fijo discontinuo en el ámbito de una relación laboral de carácter especial, es una excepción a la regla general y, por ello, ha de interpretarse restrictivamente, así, si el contrato encaja en la regla general, como se considera que es éste el caso, no es posible calificarlo de trabajo fijo discontinuo, aunque tenga un carácter cíclico.

En el caso que nos ocupa, la trabajadora fue contratada siempre con contratos temporales por tiempo cierto y en el marco del RD 1435/1985 de 1 de agosto, que en su art. 5.1 permite y regula la concertación de contratos temporales que rijan la relación laboral de carácter especial de los artistas de espectáculos públicos tanto para actividades continuas, como discontinuas.